El gobierno estatal planteó que la Guardia Nacional asuma mayor control ante presuntos nexos delictivos en corporaciones locales.
Especialistas advierten que desaparecer policías municipales podría afectar la atención cotidiana de delitos y conflictos ciudadanos.
La propuesta para desaparecer las policías municipales en Michoacán abrió un debate sobre la estrategia de seguridad pública y el papel que deben tener las corporaciones locales frente a la Guardia Nacional.
De acuerdo con lo informado, el planteamiento fue impulsado por el gobierno estatal bajo el argumento de que varios cuerpos municipales representan el eslabón más débil del sistema de seguridad, debido a presuntos casos de infiltración del crimen organizado, corrupción y falta de capacidad operativa en los ayuntamientos.
La propuesta contempla que la Guardia Nacional tenga un papel central en la vigilancia del territorio. Sin embargo, el planteamiento ha generado cuestionamientos por las posibles repercusiones en la atención diaria de delitos, faltas administrativas y conflictos comunitarios.
Especialistas citados en el debate público señalaron que las policías municipales y estatales cumplen una función clave en la proximidad con la ciudadanía. De acuerdo con el análisis referido, estas corporaciones realizan el 99% de las puestas a disposición de presuntos responsables en el país, mientras que la Guardia Nacional participa en cerca del 1% de estos procedimientos.
También se advirtió que la solución no necesariamente sería eliminar a las policías locales, sino fortalecerlas mediante profesionalización, equipamiento, mejores condiciones laborales y mecanismos de supervisión. Entre los datos mencionados, se indicó que cerca del 60% de los policías municipales gana menos del salario sugerido de 16 mil pesos y sólo el 1% tiene acceso a créditos de vivienda.
El debate también toca el ámbito político, debido a que Morena gobierna 33 de los 113 municipios de Michoacán. Al sumar municipios encabezados por sus aliados, PT y PVEM, el bloque oficialista administra 53 demarcaciones, casi la mitad del estado.
Especialistas y organizaciones civiles han señalado que el problema de seguridad no se limita a las corporaciones municipales, sino que también debe revisarse el funcionamiento de las fuerzas estatales y federales, así como la capacidad institucional para proteger a los agentes y garantizar controles efectivos.
