Organizaciones defensoras de los animales advirtieron que la medida aprobada hace más de un año aún enfrenta recursos legales promovidos por sectores vinculados con la actividad taurina.
Aunque algunas resoluciones han sido desfavorables para quienes buscan revertir la prohibición, activistas consideran necesario mantener la defensa jurídica y legislativa de la reforma.
La prohibición de las corridas de toros en Michoacán continúa enfrentando recursos legales, por lo que organizaciones y activistas defensores de los animales señalaron que la medida aún no puede considerarse completamente consolidada.
A más de un año de que fue aprobada la reforma que abolió este tipo de espectáculos en la entidad, diversos amparos promovidos por sectores taurinos siguen en revisión ante instancias judiciales.
De acuerdo con representantes del movimiento animalista, hasta ahora las resoluciones han sido mayoritariamente desfavorables para quienes buscan dejar sin efecto la prohibición. Sin embargo, subrayaron que los procedimientos legales pendientes obligan a mantener seguimiento al tema.
Las organizaciones señalaron que uno de los principales riesgos es considerar que la reforma ya no puede modificarse, ya que todavía existen vías jurídicas y legislativas mediante las cuales podría volver a discutirse el alcance de la medida.
También plantearon que será necesario mantener el tema dentro de la agenda pública durante los próximos periodos legislativos, con el objetivo de evitar posibles intentos de revertir la prohibición.
Durante el debate previo a la aprobación de la reforma, algunos sectores señalaron posibles afectaciones económicas y laborales derivadas de la eliminación de las corridas de toros. No obstante, activistas sostuvieron que no se han observado consecuencias de la magnitud que se anticipaba.
Añadieron que parte de la actividad relacionada con estos espectáculos se ha trasladado a entidades vecinas donde todavía se permiten eventos taurinos, por lo que consideran importante fortalecer las acciones de protección animal en Michoacán.
El futuro de la medida dependerá de las resoluciones que emitan las autoridades judiciales respecto a los amparos pendientes y de las decisiones que se tomen en el ámbito legislativo.
